Licenciado Ramón Ventura Camejo, Honorable Ministro de la Función Pública,
Lic. Samir Chami Isa, Coordinador General de Participación Ciudadana,
Distinguidos amigos y amigas presentes,
Señoras y señores:
Nos sentimos muy honrados con esta invitación para abordar el tema “Reforma y Modernización del Estado: Los Retos de la Administración Pública y el Fortalecimiento Institucional”.
Esos temas revisten una gran importancia para el presente y el futuro de nuestro país, porque sin instituciones públicas eficientes, solidarias, y comprometidas con el bien común, no podremos construir una nación próspera y justa, de la cual todos, sin excepciones, recibamos sus beneficios y nos sintamos orgullosos.
Necesitamos de instituciones fuertes y capaces de enfrentar las principales amenazas que corroen el Estado y los cimientos de nuestra sociedad, como son la corrupción y la falta de transparencia.
Nos complace esta actividad porque expresa una voluntad colectiva y un esfuerzo integral, especialmente de las instituciones empresariales, cívicas, políticas y religiosas de crear conciencia sobre el papel de las instituciones en el desarrollo del país.
El resultado final de toda reforma debe ser la existencia de instituciones más eficaces en la solución de los problemas sociales, en la promoción del bienestar económico y en el alcance del desarrollo humano de nuestro pueblo.
El Estado actual es disperso en sus funciones fundamentales, excesivamente centralizado en sus definiciones y operaciones especializadas, e ineficiente para ejecutar las políticas públicas diseñadas por los gobiernos.
Es oportuno recordar que durante nuestra anterior gestión de gobierno, se produjeron grandes avances institucionales a través de un conjunto de reformas económicas y sociales, incluyendo la descentralización del presupuesto nacional. Entre estas podemos citar las siguientes:
Código Monetario y Financiero
Ley General de Salud
Ley de Seguridad Social
Ley de Mercados de Valores
Ley de Electricidad
Ley de Comercio Electrónico
Ley de Medio Ambiente
Ley de Cámara de Cuentas
Ley de Seguros
Ley de Independencia Administrativa y Presupuestaria del Poder Ejecutivo y Judicial
Ley de Reforma y Modernización de la Policía
Ley de Lavado de Activos, entre otras.
Como puede observarse nuestra gestión se caracterizó por actuar con responsabilidad y voluntad política para la creación de un marco institucional que contribuyera al avance y modernización de la sociedad.
Estamos convencidos, que así como es importante disponer de un marco jurídico adecuado, también es necesario tener la vocación y actitud política para exigir el cumplimiento de la Ley, así como respetarla y cumplirla cuando se trata de la autoridad.
Para citar un ejemplo de lo que estamos afirmando basta mencionar el incumplimiento de la Ley de Educación en lo que respecta a la asignación de un 4% del Producto Interno Bruto.
El gobierno del PLD, el gobierno de Danilo Medina, a pesar de que maneja el mayor presupuesto de la historia, se niega a cumplir con lo que establece dicha Ley, así como se niega a cumplir con lo que establece la Ley 166-03 que asigna el 10% de los ingresos corrientes a los ayuntamientos.
La primera gran reforma es el compromiso de aplicar las leyes existentes. En nuestro país existen muchas leyes que se ignoran, como sucede con la Ley de Migración, que dejamos aprobada al terminar nuestra gestión de gobierno en el 2004 y aún permanece sin ser aplicada por falta de voluntad de las actuales autoridades para elaborar el reglamento correspondiente y ponerlo en ejecución.
Organismos con duplicidad de funciones. Ante el crecimiento y expansión del Estado, que hoy en día cuenta con muchos organismos que tienen duplicidad de funciones, se impone un reordenamiento del sistema de gestión administrativa dirigido a separar las funciones reguladoras de las funciones de ejecución.
Distribución equitativa de la inversión pública. En la actualidad existe un desbalance muy marcado respecto a la distribución del Presupuesto Nacional. Mientras existen provincias que reciben grandes partidas presupuestarias, otras ni siquiera aparecen en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.
Esta situación crea diferencias regionales en los niveles de desarrollo económico y social, que se expresan en condiciones de vida muy desiguales entre habitantes del mismo país.
Al respecto se necesita legislar para evitar que esta situación se siga reproduciendo puesto que crea más desigualdades de las que ya existen en el país.
En nuestra pasada gestión creamos las regiones de desarrollo, ahora se requiere actualizar el marco jurídico para asegurar la obligatoriedad de la inversión pública de modo que cada región reciba una proporción del presupuesto de acuerdo a sus características y potencialidades.
Descentralización de los recursos públicos. En el pasado impulsamos la descentralización de los recursos públicos a nivel municipal promoviendo la Ley que asigna el 10% del presupuesto a los ayuntamientos y la Ley de municipalización del antiguo Distrito Nacional.
Ahora profundizaremos esas reformas con el traspaso de muchas funciones del nivel nacional al ámbito de los gobiernos locales. Este proceso debe ser acompañado de un plan para aumentar las competencias y mejorar el sistema de control administrativo de los ayuntamientos.
Tareas como mantenimiento de escuelas, supervisión del desayuno escolar, construcción de caminos vecinales, protección ciudadana, reforestación y ordenamiento del tránsito vehicular son algunas de las asignaciones que pueden ser asumidas por los gobiernos locales
Reforma del Estado y participación de la mujer en el empleo público. El fortalecimiento democrático implica un compromiso gubernamental de implementar mecanismos que faciliten e incentiven la participación femenina en la adquisición de empleo público.
Las mujeres dominicanas tienen niveles de educación iguales o superiores al de los hombres. Las mujeres constituyen el 61.1% del total de la matrícula universitaria.
Sin embargo, esos logros en materia de educación no se reflejan en el mercado laboral y por tanto en las posibilidades de que las mujeres alcancen su autonomía económica.
Las mujeres siguen sufriendo el mayor desempleo, y en el caso de la administración pública el Estado sigue asignándolas a roles tradicionales en las áreas de salud, educación y limpieza.
Esta realidad requiere de voluntad política para cambiarla. Hace falta establecer mecanismos que incorporen mayor número de mujeres al frente de ministerios, direcciones generales y en los diferentes ámbitos institucionales que conforman el Estado.
Nosotros podemos hablar de mayor participación de la mujer en los empleos públicos, ya que en nuestra gestión dispusimos que cada secretaría y dirección general contara con mujeres en los más altos niveles, desde secretarias de Estado, sub secretarias, directoras generales y encargadas departamentales.
Está demostrado que la incorporación de los valores femeninos a las posiciones de poder y la toma de decisiones, fortalece la democracia y contribuye a disminuir la brecha de pobreza.
En nuestro próximo gobierno, lo hemos dicho en varios escenarios y lo reafirmamos aquí, la participación de las mujeres y los jóvenes serán fundamentales tanto para ocupar cargos administrativos del Estado, como para la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo humano de nuestro pueblo.
Tenemos el compromiso con la mujer dominicana de impulsar reformas en la administración pública que faciliten el acceso de más mujeres a posiciones de poder y a altas posiciones administrativas como una cuestión de derecho.
Rendición de cuenta, transparencia y combate a la corrupción. En todo sistema de democracia participativa, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales.
Es obligación de los gobiernos hacer transparente el uso de los recursos públicos, la aplicación de las leyes y los reglamentos administrativos.
Es por ello que desde el ámbito de los gobiernos la transparencia no debe ser un simple discurso, sino una conducta cotidiana que obliga a los funcionarios a facilitar el libre acceso de toda información pública, como un modo de control ciudadano efectivo.
El derecho a conocer el manejo de la cosa pública es una respuesta democrática a la cultura del secreto, cultura tan ampliamente practicada por el gobierno del PLD y muchos de sus funcionarios.
La transparencia es la confirmación de una nueva forma de ejercer la democracia. Es el arma principal en la lucha contra la corrupción que afecta de manera negativa el desarrollo económico, la distribución del ingreso, la legitimidad del sistema político y el grado de criminalidad y delincuencia en la sociedad.
La transparencia es un instrumento de carácter público, que permite el seguimiento al uso de los recursos del presupuesto, a la aplicación de las leyes y a los reglamentos administrativos.
La obligación de la transparencia en los gobiernos siempre ha sido necesaria, pero ahora que nuestro país dispone de presupuestos que alcanzan cifras de cientos de miles de millones de pesos y actividades de compras multi-millonarias, la transparencia y los controles adquieren una importancia vital para la conservación del patrimonio público.
La corrupción en nuestro país lejos de perder terreno se ha fortalecido al pasar del puesto 47 en el 2004 al puesto 140 en el 2011, entre 142 países evaluados por el Foro Económico Mundial en desvío de fondos públicos.
La corrupción en nuestro país se ha convertido en un mal tan grave, que afecta sensiblemente las condiciones de vida de la familia dominicana.
Usar para beneficio personal los dineros del pueblo y después decir que no hay recursos para escuelas, medicinas, viviendas, obras comunitarias, sin recibir la debida sanción legal es un crimen.
Asumo ante ustedes y el país el compromiso de hacer frente a la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, sin importar de donde proceda, sean quienes sean los responsables de la comisión de estos actos inmorales, indebidos e ilegales.
Óiganlo bien!, quiero dejar esto bien claro: conmigo irán al gobierno y contarán con todo mi apoyo, quienes tengan la disposición de trabajar por el bien del país, independientemente de su condición social, filiación política, género o religión.
Haremos cumplir las leyes y normas que obligan a la rendición de cuentas, a la transparencia en el manejo de los fondos públicos y todas las regulaciones relacionadas con la pulcritud.
No permitiremos la impunidad bajo ninguna circunstancia.
La corrupción es la traición suprema al pueblo.
Administración Pública. Para enfrentar la situación antes descrita, el objetivo del Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública que pretendemos ejecutar para el Periodo 2012/2016 es hacer de la Administración Pública un ente catalizador del proceso de desarrollo nacional mediante su racionalización y profesionalización.
Las principales estrategias que aplicaremos serán las siguientes:
Impulsar la eficiencia administrativa mediante la reestructuración de la arquitectura institucional pública, que implica la realización de tareas como las siguientes:
Reducir en un 10% el gasto administrativo consolidado, mediante la implementación de programas de eficiencia, racionalización y ahorro que serán obligatorios para toda las instituciones, a las que se le asignarán cuotas y plazos para el cumplimiento con esta línea estratégica.
Impulsar la profesionalización de la gestión pública mediante la aplicación de la carrera administrativa según lo establece la Ley 41-08 y la nueva Constitución de la República.
Transparentar la nómina pública, asegurando su integración en un sistema único, eliminando otras formas de contratación que no respondan a los principios establecidos por la ley de función pública, como son las famosas nominillas.
Fortalecer la capacidad de formulación, coordinación y materialización de las políticas públicas.
Establecer un programa de seguimiento y control de resultados y el desempeño institucional, basado en indicadores objetivos y en la medición sistemática de la percepción de la población usuaria de sus servicios.
Mejorar la formulación y seguimiento a las políticas públicas a fin de garantizar un mayor impacto de las medidas de gobierno, mediante la implementación de Gabinetes Sectoriales.
Garantizar a los ciudadanos el acceso a bienes y/o servicios de calidad a un bajo costo, en forma sostenida, mediante la aplicación de tecnologías modernas de gestión y la eliminación de sobreprecios a los servicios públicos esenciales.
A los fines de asegurar la materialización y sostenibilidad de este programa de reforma y modernización de la Administración Pública, estableceremos mecanismos efectivos de seguimiento a este plan y vincularemos la formulación y la ejecución del presupuesto nacional a los objetivos de reforma.
Alianza con la sociedad civil. Estamos conscientes que para enfrentar y vencer los problemas del país se requiere de la participación de todos. Por eso estamos dispuestos a ser el presidente de los grandes acuerdos nacionales.
Con ese propósito hemos abierto un proceso de diálogo participativo y sincero con empresarios, iglesias, asociaciones comunitarias, sociedad civil, partidos políticos y ciudadanos independientes.
Un proceso de diálogo para elaborar un Programa de Gobierno consensuado, incluyente y factible, a partir de unos lineamientos programáticos enfocados hacia el desarrollo humano.
Nuestro programa de gobierno será el resultado de los compromisos a que se arribe en esos encuentros.
Esa iniciativa nuestra la hemos denominado Alianza para el Compromiso.
Los grandes cambios que la nación necesita, requieren de la participación de todos los dominicanos comprometidos con la construcción de un mejor país, aprovechamos la ocasión para invitarles a ser parte protagónica de esas transformaciones.
Seremos garantes de la transparencia y la sanción a la corrupción
Seremos garantes de hacer realidad la descentralización del Estado.
Seremos garantes del cumplimiento y aplicación de la Ley.
Muchas gracias
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