Hipólito
Mejía Domínguez
Ex
Presidente de la República Dominicana
Algunas
precisiones con respecto al documento del CSIS.
Es entendible que el
informe del programa Américas del Centro de Estudios Estratégicos
Internacionales por sus siglas en Inglés (CSIS) levante ronchas y comentarios
en alguna gente que intenta desconocer las verdades que contiene el documento.
El informe en
cuestión, se limita a recoger los hechos que resultan del bien elaborado esquema
de asalto a los poderes públicos, iniciado con la corrupción del régimen electoral
dominicano y la instalación del más vulgar y deplorable sistema clientelista, ejecutado
por Leonel Fernández en la búsqueda de su reelección en los comicios del 2008.
Fue en las elecciones
de 2010 cuando se consumó el propósito de Leonel Fernández de controlar el
Poder Legislativo a través del Congreso Nacional para desde allí imponer sus
planes de reelección y el control del Consejo Nacional de la Magistratura, de
donde emana el Poder Judicial.
Todas esas acciones
fueron previas al debate público relacionado con la reforma Constitucional que
posibilitó el asalto de los Tribunales Superiores.
En el momento en que se
presenta la Reforma Constitucional, el PLD necesitaba el apoyo que le aportó el
nefasto pacto de las corbatas azules, mediante el cual, Miguel Vargas, sumó los votos del PRD, para
facilitar la maquiavélica trama de Leonel Fernández y así poner en manos del
partido morado todos los poderes del Estado.
Esa concentración de
poderes es la que ha hecho posible el insólito crecimiento de la corrupción en
los gobiernos de Leonel Fernández. Y es, también, esa falta de voluntad para
perseguir la corrupción y mantener vigente el estado de impunidad, uno de los
mayores pecados del gobierno de Danilo Medina.
Otro elemento de esa
trama ha sido atraer, en base a la repartición de prebendas de los fondos
públicos, a algunos partidos minoritarios y no tan minoritarios como es el caso
de un sector del Partido Reformista, que más que un aliado, ha sido
prácticamente absorbido por el PLD en una deliberada política de anular la
oposición.
Parte de ese
propósito de liquidar toda posibilidad contestataria de los partidos, es el
plan que ejecuta Leonel Fernández con el Partido Revolucionario Dominicano, a través
del control que ejerce del Tribunal Superior Electoral, el cual ha impedido que
el PRD aplique sus estatutos y realice una Convención democrática como corresponde
en el presente año.
Para sustentar su
política de clientelismo y compra de voluntades, con el antidemocrático
propósito de impedir la expresión libérrima de los votantes, sólo en el año
2012 el gobierno de Leonel Fernández generó un déficit superior a los 200,000
millones de pesos, sin que las violaciones a la Ley de Gastos Públicos
cometidas por Leonel Fernández hayan merecido la más mínima expresión de
rechazo de los poderes públicos, porque todos ellos se encuentran en sus manos.
Además, el gobierno
de Danilo Medina continúa la dañina política económica de Leonel Fernández
caracterizada por la ejecución de un presupuesto deficitario, con endeudamiento irresponsable y despilfarro en el gasto corriente, empeorando
así las condiciones de vida de la población.
Como una clara
demostración del tráfico de influencias se destaca la formación de la Fundación
Global y Desarrollo (FUNGLODE), cuyo capital inicial está conformado por un
cheque de diez millones de pesos proveniente de los fondos de los ahorristas
del Banco Intercontinental, por una parte, y por la otra, por aportes
“voluntarios” de contratistas del Estado que tenían cuentas pendientes en el
banco de favores gubernamentales.
Este déficit que
acabamos de mencionar, junto a los déficits recurrentes de los años 2009, 2010
y 2011, ha dado como resultado un exagerado incremento de la deuda pública, el
cual el gobierno ha intentado paliar con la ejecución de seis reformas fiscales
que en lugar de contribuir a mejorar las finanzas del país, sólo han servido
para el enriquecimiento de la corporación PLD, integrada por los principales
dirigentes de ese partido, quienes han sustituido como “hombres de negocios” a
los empresarios, comerciantes e industriales tradicionales.
Como resultado de esa
política, tanto los organismos internacionales como los expertos locales,
subrayan el pobre desempeño de los gobiernos del PLD, que se expresa en un
incremento de la pobreza, una baja inversión pública en educación, salud y
vivienda, una alta tasa de desempleo y la pérdida de competitividad de los
sectores productivos. A todo esto se le añade el aumento incontrolable de la
inseguridad ciudadana.
El manejo y abuso de
los poderes públicos se manifiesta en un sainete judicial que se ha repetido
con el mismo molde en todos los casos de negación de justicia, tales como el
encaminado por el Dr. Guillermo Moreno, donde se proclama la triste decisión de
que FUNGLODE tuvo un nacimiento pulcro y legal, a pesar de las abundantes evidencias
a contrario; es oportuno mencionar la infausta decisión de la Suprema Corte de
Justicia en el caso de la Sun Land, cuyo presidente de entonces, el Dr. Jorge Subero
Isa, declaró recientemente, de manera voluntaria, que esa sentencia fue de “tipo
político”, lo que pone de manifiesto la reiterada interferencia de los
gobiernos del PLD en las decisiones de esa corte.
La impunidad se ejerce
con tal descaro que el Ministerio Público se negó a investigar algo que es Vox
Populi: el turbio origen de FUNGLODE.
La trama puesta en
práctica por Leonel Fernández y el PLD, de apoderarse de los poderes públicos,
subyugar la democracia y eliminar todo ejercicio de oposición efectiva, nos
lleva a concluir que estamos frente a una franca vocación absolutista, aunque
esta vez, se le imprima el carácter de dictadura constitucional.
19 de noviembre de
2013