Como demócrata, siempre he agotado los mecanismos legales propios del sistema, razón por la cual al ser difamado e injuriado por un maledicente funcionario del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, acudí a la instancia correspondiente, en este caso la Suprema Corte de Justicia, confiado en que se produciría una sentencia justa.
La sentencia evacuada hoy por la Suprema legaliza la difamación, la injuria, atropella el derecho a la justa fama y abre las puertas para que la mentira y el insulto se conviertan en armas para descalificar, amparados en el control de las instituciones llamadas a preservar el Estado de derecho y las libertades individuales.
Mi proverbial confianza en las instituciones ha sido herida profundamente por la arbitrariedad de la sentencia, que es un monumento a la injusticia, a la inconstitucionalidad y al abuso de poder.
Informo que he instruido a mis abogados para que encaminen los pasos necesarios para que el delito cometido en contra de mi honra no quede impune, se haga justicia y sirva de ejemplo para beneficio de toda la ciudadanía.
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