Señoras y señores:
Deseo agradecer a
los organizadores de este Tercer Foro de la Democracia Latinoamericana, su
amable invitación a compartir mis reflexiones sobre la gobernabilidad
democrática, con los distinguidos participantes a este evento.
Las ideas que presentaré sobre el tema están
basadas en mis vivencias como Jefe de Estado y como dirigente del Partido
Revolucionario Dominicano, un partido que durante setenta años ha sido clave en
la construcción y fortalecimiento de la democracia dominicana.
Al referirnos al concepto de gobernabilidad
democrática estamos asumiendo que puede existir otro tipo de gobernabilidad, no
sustentada en los principios y valores de la democracia.
Tal y como han planteado los estudiosos del
tema, la gobernabilidad y la democracia constituyen dos fuerzas en tensión, que
se influyen mutuamente para garantizar la participación y los derechos de los
ciudadanos y asegurar la estabilidad política en el ejercicio del poder.
La gobernabilidad no se limita a los derechos
políticos, cuya principal expresión es el derecho al voto, sino también al
conjunto de derechos económicos, sociales, humanos y otros, siendo los
gobiernos responsables de garantizar a sus gobernados el ejercicio de dichos
derechos.
La gobernabilidad tiene dos fuentes principales
de legitimidad: la credibilidad de los procesos electorales y la satisfacción
de las expectativas de bienestar económico y social de los ciudadanos.
Por lo tanto, en las democracias los conflictos
se originan, en primer lugar, cuando se pretende sacrificar los derechos y las
libertades básicas de los ciudadanos, en nombre de la preservación del gobierno
o de intereses particulares de las cúpulas gobernantes.
En segundo lugar, se crean conflictos cuando los
gobiernos resultan incapaces de satisfacer las demandas y necesidades
económicas y sociales de los pueblos.
De lo anterior se deriva que,
para lograr una genuina gobernabilidad democrática es imprescindible, la
participación ciudadana a través de las diversas organizaciones de la Sociedad
Civil, en la definición de prioridades, alcances y ejecución de las políticas
públicas.
La existencia de espacios
institucionales participativos contribuye significativamente al éxito de la
gobernanza.
Debe insistirse que la
gobernabilidad democrática requiere de instituciones que garanticen la
participación, y que promuevan el diálogo y el consenso entre los diferentes
actores políticos y sociales.
Los espacios de diálogo y
consenso son necesarios para lograr que actores con diferentes cuotas de poder,
como son los gobiernos, los partidos, el sector privado y la Sociedad Civil
interactúen y asuman compromisos alrededor de metas colectivas.
La región ha tenido avances
significativos en los aspectos formales de la democracia, pero han sido
insuficientes en lo que corresponde a la solución de las necesidades básicas y
la creación de mejores oportunidades de progreso.
Los distintos intereses, en una
democracia, se traducen en la diversidad de retos para la gobernabilidad
democrática.
La cohesión social se logra
cuando los espacios de diálogo y consenso son aprovechados por los gobiernos,
para junto a la Sociedad Civil canalizar esos intereses hacia una agenda común
en beneficio de la mayoría.
Por tanto, superar la precaria
cohesión social que prevalece en la región es uno de los principales retos para
la gobernabilidad democrática, tal como se ha puesto en evidencia en una buena
parte de los países de América Latina y el Caribe.
Ese reto requiere que los gobiernos,
junto a la sociedad civil, trabajen para superar la exclusión que sufren
amplios sectores de la población.
Esa exclusión no es sólo de
naturaleza económica. Aunque, la negación de los derechos económicos,
especialmente el derecho a un empleo decente y la pobreza que se deriva como
consecuencia, es, sin duda, una de las causas principales del déficit de
gobernabilidad democrática en nuestros países.
Ahora bien, es imperativo
reconocer que los ciudadanos son mucho más que agentes económicos y que sus
aspiraciones incluyen, el disfrute de mejor calidad de vida y un mayor acceso a
los beneficios y oportunidades del mundo moderno.
Es precisamente la incapacidad de
los gobiernos de solucionar las demandas de los ciudadanos, lo que crea los
déficits y las crisis de gobernabilidad en nuestro hemisferio.
Nuestra región se caracteriza por
tener altos niveles de desigualdad, una elevada tasa de desempleo,
especialmente entre los jóvenes y las mujeres, una mala calidad del gasto y de
la inversión pública e insuficiente inversión en infraestructura productiva.
La región, también muestra
deficientes sistemas educativos, pobre calidad de los servicios básicos, pocas
oportunidades para sectores vulnerables tales como los jóvenes, las mujeres,
los campesinos, los envejecientes, los discapacitados y otros.
Uno de los principales retos que
enfrentamos es el grave problema del hambre, cuya incidencia contribuye a
profundizar la pobreza y crear daños irreversibles en la niñez.
El insuficiente apoyo a la
agricultura afecta el ingreso de la familia rural y el costo de los alimentos,
lo que incide en la seguridad alimentaria y promueve las migraciones que
engrosan los cordones de miserias de las principales ciudades del hemisferio,
agravando la exclusión social y erosionando la gobernabilidad
democrática.
Otro de los grandes retos que
enfrentamos está asociado a la degradación acelerada de nuestros recursos
naturales y el medio ambiente que amenaza con producir daños irreversibles a la
diversidad ecológica, la disponibilidad de agua y la capacidad productiva de la
región.
Necesitamos políticas públicas
dirigidas a contrarrestar el impacto que tienen el cambio climático y los
desastres naturales sobre la economía y las condiciones de vida de la gente más
pobre de nuestros pueblos y su repercusión sobre la gobernabilidad.
La descentralización del poder es
otro importante aspecto de la gobernabilidad que deseo enfatizar.
La transferencia de capacidades y
mayores funciones a los gobiernos locales, ayuntamientos y municipalidades,
es uno de los principales instrumento para fortalecer la democracia y
acercar el gobierno a los ciudadanos.
Permítanme referirme ahora a
otros retos importantes como son aquellos de naturaleza política.
Algunos sostienen que la
democracia ha alcanzado un alto grado de madurez en América Latina.
Lo cierto, sin embargo, es que el
ejercicio de la democracia en la región, aun debe superar un conjunto de
dificultades que ponen en riesgo su existencia.
Una de ellas es la falta de
credibilidad de los procesos electorales. Sin procesos electorales confiables y
transparentes, en donde se exprese y se respete la voluntad popular, es
imposible tener gobiernos legítimos que garanticen la gobernabilidad
democrática.
Para muchos ciudadanos el
ejercicio del derecho a votar en las elecciones, es el único recurso disponible
para ejercer la ciudadanía. Cuando se distorsiona ese derecho, se crea un caldo
de cultivo para la crisis de gobernabilidad.
Lograr la credibilidad en los
procesos electorales requiere revestirlos de absoluta transparencia.
Para eso es imprescindible
superar las deficiencias en: organización de las elecciones, observación
electoral, acceso a los medios de comunicación, uso de los recursos públicos,
imparcialidad en el arbitraje y los recursos para financiar la campaña, entre
otros aspectos.
Un tema que reviste particular
importancia, se refiere a la creciente capacidad del narcotráfico para incidir
en los procesos electorales, a través de permear los partidos políticos, e
influir en la elección de candidatos, desde el ámbito local hasta la
Presidencia de la República.
Otro de los grandes retos que
enfrenta la gobernabilidad en el hemisferio, es la impunidad que ampara la
corrupción que socava la administración pública.
Esto es así porque la corrupción
distrae los recursos de los gobiernos para atender las necesidades de la
población y pervierte el espíritu de servicio de las instituciones.
No podemos dejar de mencionar la
creciente inseguridad ciudadana, como una de las más importantes amenazas a la
gobernabilidad de la región.
Un país acosado por el miedo
carece de una genuina gobernabilidad.
Tal y como hemos expresado la
organización de los procesos electorales transparentes es una condición
necesaria para la elección de gobiernos legítimos.
Sin embargo, es frecuente en
algunos de nuestros países, que los órganos electorales sean distorsionados por
la parcialidad de sus directivos, por la injerencia de estamentos de poder y
por la falta de integridad de sus componentes, entre otros aspectos.
La garantía del ejercicio de un sufragio
universal, libre e igualitario, sin coerciones, tiene que comenzar por
una selección consensuada de los responsables de gestionar los procesos
electorales.
Es una responsabilidad ineludible de las autoridades
que integran nuestros respectivos sistemas electorales, impedir el uso y abuso
de mecanismos del poder político, represivos, administrativos y materiales,
especialmente el uso de fondos del erario, de manera directa o indirecta, a
favor de determinados candidatos.
En este sentido, la garantía de los derechos
ciudadanos y las libertades universalmente consagradas deberían ser el norte
que inspire la gestión de los sistemas electorales, en un marco de
transparencia, equidad y plenitud del estado de derecho.
De igual manera, el gasto desmesurado de las
campañas electorales, actúa como un mecanismo distorsionante del proceso, y
desvirtúa la naturaleza propositiva de las candidaturas, creando sistemas que
triunfan en la medida de su capacidad recaudatoria.
Esta realidad hace imperativa la regulación del
gasto de las campañas electorales como garantía de una participación justa y
equitativa de sus actores.
De ahí mi manifiesta preocupación ante las
violaciones a la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales,
aprobados por el Congreso de cada nación y la interrogante que surge, ¡de para
qué sirven todas estas legislaciones si a la hora de ponerlas a prueba se
violan impunemente!.
Tomemos como ejemplo de esta afirmación la Carta
Democrática Interamericana de la OEA, en cuyos artículos 23, 24 y 25 establece
la forma idónea en que los Estados se comprometen a organizar procesos
electorales libres, transparentes y justos, incluyendo la observación
electoral.
Sin embargo, la experiencia enseña que, en
ocasiones, los observadores llegan cuando el gobierno y los órganos electorales
ya tienen montado el andamiaje que permite realizar maniobras violatorias de la
legislación electoral y las normas democráticas.
Estoy convencido, de que la observación puede
contribuir a la transparencia de los procesos electorales en la región, siempre
y cuando adopte un mayor grado de independencia con respecto a los órganos
electorales de los países y se enfoque en la defensa del interés de los
ciudadanos.
Para ilustrar la relación que existe entre
procesos electorales viciados y la gobernabilidad democrática, solicito su
anuencia para compartir la experiencia de lo acontecido en las pasadas
elecciones dominicanas.
Sin lugar a dudas, la democracia dominicana ha dado
importantes pasos de avance en los últimos años, al punto de ser considerada
por muchos como una democracia fuerte.
Esa percepción, fue la causa de que algunos
organismos de observación electoral consideraran innecesario involucrarse en
las elecciones dominicanas del pasado 20 de mayo.
A pesar de esa imagen de democracia fuerte, en
nuestro país ocurrieron los siguientes hechos:
En primer lugar tenemos las anomalías cometidas
por los dos órganos electorales: la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior
Electoral, los cuales fueron integrados mayoritariamente por miembros o
vinculados al partido del gobierno.
Ambos organismos mostraron públicamente su
parcialidad a favor de los candidatos del partido de gobierno, al actuar de
espalda a la transparencia y a la equidad.
Otro hecho alarmante fue el uso y abuso de los
recursos del poder, por el pasado gobierno, el cual, en su afán de imponer al
candidato de su Partido incurrió en el uso abusivo de fondos multimillonarios
no contemplados en la Ley de Presupuesto Nacional.
Esas acciones han generando un déficit de más de
4 mil 675 millones de dólares equivalente al ocho por ciento del Producto
Interno Bruto, algo sin precedente en la historia de nuestro país.
Estos recursos fueron usados entre otras acciones
para la compra de espacios de radio, televisión y prensa escrita, compra de
votos, cedulas y para inducir la abstención a través de diversos medios.
Preocupa de manera particular que en dichas
elecciones hubo una abierta expresión clientelista mediante la manipulación de
los beneficiarios más pobres de los programas sociales. Muchos de ellos fueron
amenazados de perder su ayuda de no apoyar al candidato del
gobierno.
Otro abuso de poder fue el uso de la fuerza
armada y la policía contra la oposición.
Para mayor ilustración de lo que acabo de
afirmar, estoy entregando por secretaría copias de un informe referente al
proceso electoral dominicano.
Los hechos señalados ponen en evidencia la
debilidad de las instituciones democráticas y el déficit de gobernabilidad que
existe en la República Dominicana.
En ese momento, la sensatez de las fuerzas
políticas, los movimientos sociales y el liderazgo opositor fue lo que impidió
que ese déficit se convirtiera en una crisis de gobernabilidad.
Consciente como estoy, de que lo acontecido en
nuestro país debe servir de experiencia, para que estos hechos no se repitan en
ninguna otra nación del hemisferio ni en la República Dominicana, me permito
hacer las siguientes propuestas:
En primer lugar: hacer los correctivos para
revestir los sistemas electorales de la mayor credibilidad y transparencia a
fin de que sean la expresión de los intereses ciudadanos y no del partido que
controla la instancia donde se designan los órganos electorales.
En segundo lugar: que la OEA, los partidos, la
sociedad civil y las diferentes instancias organizadas de los pueblos del
hemisferio, nos avoquemos de manera urgente a mejorar los mecanismos de
observación a fin de que su trabajo se realice durante todo el proceso.
La observación debe cubrir desde la
organización, la campaña, el escrutinio y la emisión de resultados de la
jornada electoral, facultando al observador con los mecanismos de monitoreo y
de intervención oportuna para la corrección de aspectos críticos del proceso.
En tercer lugar se hace necesario que la
observación electoral sea sustentada en un protocolo que provea armonía,
independencia, presencia y homogeneidad a los procedimientos de
observación.
Por último, propongo que en nuestros países se
aprueben y mejoren legislaciones electorales que regulen los gastos y aportes
económicos en las campañas políticas, las acciones de los funcionarios del
gobierno y un sistema de consecuencias por delitos y faltas electorales.
Señoras y señores, está en nuestras manos la
ineludible tarea de fortalecer el sistema democrático y garantizar a los
ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos y la conquista de su bienestar,
para que la gobernabilidad democrática sea una realidad en nuestra
región.
Como ciudadano de América invito a trabajar
juntos para que los principios democráticos que nos unen nos permitan alcanzar
la justicia social, la libertad y la democracia plena, que es aspiración de
nuestros pueblos.
Muchas gracias
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