Hipólito Mejía propone formas para
combatir la corrupción. Reclama reformas legales, políticas y sociales.
El ex presidente Hipólito Mejía afirma que en América
Latina y El Caribe, la corrupción se apropia de recursos económicos públicos y
privados que, bien usados, podrían servir al bien común, deberían servir para
mejorar la calidad de vida de las familias, el fortalecimiento institucional y
una distribución más equitativa de la riquezas de los países de la región.
Afirmó que una evidencia de esa realidad es que sólo
en el año 2015 la corrupción costó en el área cerca de ciento cuarenta y dos
mil novecientos veinte millones de dólares, cifra que representa el tres
por ciento de lo que se produce en la región.
El ex Presidente Mejía disertó sobre el tema "
Política y Corrupción" en la Octava Conferencia Regional. de la Unión
Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), celebrada en un hotel
del este del país.
Mejía expresó: "Quiero hacer algunas propuestas
que, espero, sean de utilidad para la UITA y otras instituciones genuinamente
comprometidas con la transparencia en América Latina y El Caribe.
En primer lugar, se requiere llegar a un consenso para
consolidar las instituciones públicas a nivel ejecutivo, legislativo y
judicial. Una legislación para castigar a los servidores públicos
involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus funciones, la cual
requiere de una voluntad política firme, constante y decidida. Además de
disuadir la corrupción, esa legislación serviría para castigarla y para
asegurar la recuperación de los bienes públicos robados por esos funcionarios
corruptos.
Esa legislación debe establecer los mecanismos para
penalizar a comerciantes y empresarios que actúen en contubernio con
funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y negocios.
En segundo lugar, es imperativo fortalecer la
competitividad, la cual, más que la panacea contra la corrupción, sirve para
transparentar los vínculos entre el Estado y el sector privado y es otra como
forma de disminuir los incentivos a la corrupción.
La competitividad obliga a cumplir con normas
internacionales de transparencia y a reducir las distorsiones en el mercado
causadas por la corrupción.
La comunidad internacional, de manera particular las
agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos
preocupados por la protección del medio ambiente, los intereses de los
trabajadores, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otros males, está
llamada a jugar un papel destacado en fortalecer la competitividad y debilitar
la corrupción.
En tercer lugar, proponemos fortalecer la transparencia
de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Entendemos que es
insuficiente la publicación de los términos formales en que se hacen esas transacciones,
las cuales, en muchas oportunidades han sido aprobadas de antemano.
Es de rigor que las instituciones del Estado cumplan y
hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, promulgada el 28 de
julio del 2004, durante mi ejercicio presidencial.
Las veedurías en esas instituciones deben servir para
fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la falta
de transparencia.
En cuarto lugar, proponemos llegar a un consenso para que
las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y
a luchar contra la pobreza, antes que ser instrumentos clientelistas para
mantenerse en el poder.
El modelo a superar es aquel que usa la asistencia
social a los más desposeídos, para comprar conciencias y ganar el voto de los
pobres en base al miedo de perder la ayuda oficial.
Está demostrado que los programas sociales que operan
sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas
de catástrofes naturales y/o de campañas electorales.
Es necesario priorizar la capacitación de nuestra
gente como garantía para que la población socialmente excluida se vincule a
procesos productivos y mejore sus ingresos.
Como dice el proverbio chino, "Regala un pescado
a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás
para el resto de su vida"
En quinto lugar, los últimos procesos electorales han
demostrado que es inaplazable reformar la Ley Electoral y aprobar una Ley de
Partidos Políticos, para garantizar la imparcialidad de las Junta Central
Electoral y el Tribunal Superior Electoral.
En las últimas elecciones esas instituciones han sido
instrumentos al servicio del PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a los
gastos en las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso
equitativo de los medios de comunicación.
En sexto lugar, es inaplazable llegar a un consenso para
que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales independientes de los
otros poderes del estado.
En séptimo lugar, debemos hacer todos los esfuerzos
necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso
dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y
diputados, a favor del partido en el gobierno, para lo que se requerirá de una
profunda modificación del sistema electoral.
Es obvio que la mayoría de los candidatos del partido
de gobierno se imponen con el apoyo directo de los fondos de las instituciones
públicas, como ocurrió en todos los niveles en las pasadas elecciones.
En octavo lugar, vamos a estimular la movilización
social. La protesta pública es un recurso ciudadano que, cuando no se ejerce,
debilita la democracia.
Por último, En
Décimo Lugar, debemos trabajar a favor del adecentamiento de la
política, condición imprescindible para enfrentar la corrupción en nuestros
países. Es axiomático que la política degradada alimenta la corrupción.
"Se asume, sentenció, que la corrupción ocurre
cuando se usa el poder que otorga la cercanía con el aparato político oficial,
para apropiarse en beneficio personal y privado de recursos destinados al bien
común. La corrupción, pues, es una negación de la transparencia".
El ex mandatario señaló al destacar la relación entre
política y corrupción que se fundamenta en la combinación de control
extraordinario que disfruta el aparato estatal de recursos naturales, empresas
e instituciones unido a la debilidad institucional.
"Es precisamente para acceder y mantener ese
control que muchos políticos y empresarios invierten dinero, compran
conciencias, debilitan instituciones, desmovilizan a la sociedad, controlan
medios de comunicación, usan el clientelismo, practican la extorsión, promueven
el favoritismo, alimentan el nepotismo, y, cuando es necesario, recurren al
terror y al miedo", dijo.
Relación entre política y corrupción
"En otras palabras, la corrupción en la región no
es un fenómeno natural ni espontáneo. Es la expresión de un proyecto de control
social que tiene actores, nombres y apellidos", señaló
Entre las causas que explican el origen y la
reproducción de ese proyecto de control, es imperativo resaltar sus efectos
económicos, medioambientales, sociales y políticos que causa el flagelo en la
sociedad y en los ciudadanos.
Expresó que entre los efectos económicos se destacan
el daño que hace a la competitividad, particularmente por la falta de
transparencia, resaltando que la opacidad de las reglas del juego
favorece la competencia desleal, el tráfico de influencia, y el soborno.
Recalcó "La ineficiencia y las distorsiones en
las actividades comerciales y empresariales son inherentes a esa realidad en
nuestros países".
Manifestó que "La grosera contaminación de
nuestros ríos y mares, la grave deforestación de nuestras áreas protegidas, y
la extracción no regulada de nuestros recursos mineros, son ejemplos
inocultables de este fenómeno. Y eso ocurre a pesar de la existencia de leyes y
regulaciones para evitarlo".
"Muchos partidos políticos, como ocurre en la
República Dominicana con el Partido de la Liberación Dominicana, son verdaderas
corporaciones, cuyo objetivo central es mantenerse en el poder para beneficiar
a su élite. Apoyan en políticas clientelistas y reparten las migas a los
pobres, para mantenerlos atrapados en el círculo vicioso de la pobreza",
enfatizó
"Es de consenso que cuando esos partidos
controlan las instituciones que regulan los procesos electorales y así,
debilitan nuestra democracia, como ocurre en República Dominicana, provocando el
desinterés en la política que tiene parte de nuestra población, que se expresa
en una creciente abstención electoral, es una expresión del daño que hace la
corrupción al tejido social de nuestros países", dijo.
Los políticos corruptos se nutren en la
desmovilización social.
En esa parálisis colectiva fenómeno que se expresa en
la indiferencia y en la no participación en la protesta pública.
"A pesar de la fuerza de ese esquema, nos parece
insuficiente porque soslaya, de la esfera política pública, al poder fáctico y
a la sociedad civil. En efecto, ambas instancias sociales, sin ser formalmente
parte del funcionariado político, pueden tener y tienen una extraordinaria
influencia política", recalcó.
Consecuentemente, expresó, pueden inclinar la balanza
a favor de la transparencia o de la corrupción y como se ha visto recientemente
en varios países de la región, que en condiciones particulares, empresas
privadas han sido actores claves en procesos de corrupción que amenazan la
competitividad, la estabilidad política y la paz social.
A su entender causas de la corrupción son,
fundamentalmente, de tres tipos.
En primer lugar, están las causas de naturaleza
económica, es decir, el mundo del intercambio de bienes y servicios, usualmente
regulado por las leyes del mercado.
En segundo lugar, existen las causas
político-institucionales, es decir, los espacios normados por las leyes donde
los gobernantes y los gobernados ejercen los derechos y deberes establecidos
por la Constitución y las Leyes. Ese es el mundo institucional del contrato
social que busca asegurar la gobernabilidad y el bien común.
La ruptura de ese contrato social, especialmente la
pérdida de confianza en las instituciones, es una grave amenaza a la
democracia.
Y, en tercer lugar, están las causas culturales, es
decir, la manera en que en el presente los ciudadanos y las ciudadanas de un
país valoran y se vinculan a la corrupción, la transparencia y la política, a
partir de sus vivencias históricas colectivas y las expectativas personales y
grupales.
Resalto que es de primer orden, entender las
dimensiones éticas y morales de las causas culturales de la corrupción, para
corregir el grave mal, ya que no sólo hace daño a las instituciones y a las
leyes, sino que también corrompe el alma de los pueblos.
Al preguntarse ¿Cuál debe ser el rol de los partidos
políticos, los empresarios, los trabajadores organizados, la sociedad civil y
la comunidad internacional?
Mejía expresó: "Quiero, en esta última parte de
mi intervención, abordar estas preguntas ineludibles haciendo algunas
propuestas que, espero, sean de utilidad para la UITA y otras instituciones
genuinamente comprometidas con la transparencia en América Latina y El Caribe.
En primer lugar, se requiere llegar a un consenso para
consolidar las instituciones públicas a nivel ejecutivo, legislativo y
judicial. La rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos es un
componente esencial de ese fortalecimiento institucional.
Una dimensión crucial de ese consenso es la
legislación para castigar a los servidores públicos involucrados en actos
corruptos en el ejercicio de sus funciones, la cual requiere de una voluntad
política firme, constante y decidida. Además de disuadir la corrupción, esa
legislación serviría para castigarla y para asegurar la recuperación de los
bienes públicos robados por esos funcionarios corruptos.
Esa legislación, para que sea efectiva, debe también
establecer los mecanismos para penalizar a comerciantes y empresarios que
actúen en contubernio con funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y
negocios.
En segundo lugar, es imperativo fortalecer la
competitividad de nuestras economías como forma de disminuir los incentivos a
la corrupción.
La competitividad, más que ser en sí misma la panacea
contra la corrupción, sirve para transparentar los vínculos entre el Estado y
el sector privado.
Asimismo, la competitividad obliga a cumplir con
normas internacionales de transparencia y a reducir las distorsiones en el
mercado causadas por la corrupción.
La comunidad internacional, de manera particular las
agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos
preocupados por la protección del medio ambiente, los intereses de los
trabajadores, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otros males, está
llamada a jugar un papel destacado en fortalecer la competitividad y debilitar
la corrupción.
En tercer lugar, proponemos fortalecer la transparencia
de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Para tal fin,
entendemos que es insuficiente la publicación de los términos formales en que
se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas oportunidades han sido
aprobadas de antemano.
Es de rigor, en ese sentido, que las instituciones del
Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, la
cual fue promulgada el 28 de julio del 2004, durante mi ejercicio presidencial.
Las veedurías en esas instituciones deben servir para
fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la falta
de transparencia.
En cuarto lugar, proponemos llegar a un consenso para que
las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y
a luchar contra la pobreza, antes que como instrumentos clientelistas para
mantenerse en el poder.
En ese sentido, el modelo a superar es aquel que usa
la asistencia social a los más desposeídos, para comprar conciencias y ganar el
voto de los pobres en base al miedo de perder la ayuda oficial.
Está demostrado que los programas sociales que operan
sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas
de catástrofes naturales y/o de campañas electorales.
Para superar la pobreza que abunda en nuestra región,
es necesario priorizar la capacitación de nuestra gente. Esa capacitación es la
garantía para que la población socialmente excluida se vincule a procesos
productivos y mejore sus ingresos.
Como dice el proverbio chino, "Regala un pescado
a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás
para el resto de su vida"
En quinto lugar, los últimos procesos electorales han
demostrado que es inaplazable reformar la Ley Electoral y aprobar una Ley de
Partidos Políticos, para garantizar la imparcialidad de las Junta Central
Electoral y el Tribunal Superior Electoral que en las últimas elecciones han
sido instrumentos del servicio del PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a
los gastos en las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso
equitativo de los medios de comunicación.
En sexto lugar, es inaplazable llegar a un consenso
para que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales independientes de
los otros poderes del estado.
En séptimo lugar, debemos hacer todos los esfuerzos
necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso
dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y
diputados, a favor del partido en el gobierno, para lo que se requerirá de una
modificación del sistema electoral.
Sin lugar a dudas, la mayoría de los candidatos del
partido de gobierno se imponen con el apoyo directo de los fondos de las
instituciones públicas, como ocurrió en todos los niveles en las pasadas
elecciones.
En octavo lugar, vamos a estimular la movilización
social. La protesta pública es un recurso ciudadano que, cuando se inhibe,
debilita la democracia.
Por último, debemos trabajar a favor del
adecentamiento de la política. Esa es una condición necesaria para enfrentar la
corrupción en nuestros países. Es axiomático que la política degradada alimenta
la corrupción.
Ejemplos recientes en RD
El primer ejemplo se refiere al abuso del poder para
mantenerse en el gobierno.
Este fenómeno toma dimensiones extraordinarias con el
Presidente Leonel Fernández en las elecciones del 2008, quien abusó del
uso de los recursos públicos para financiar su campaña buscaba la
reelección
El reparto fue tan grosero que se creó un déficit
multimillonario para financiar su campaña, debilitando así la capacidad del
gobierno para resolver problemas urgentes de interés común, tales como la
producción de alimentos, la educación y el mejoramiento de la infraestructura,
entre otros.
Otro ejemplo del abuso del poder absoluto es como se
hizo la elección avasallante de los miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura y la de los miembros de los Tribunales Superiores, es decir, el
Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior
Electoral. El gobierno usó su mayoría mecánica para imponer a miembros y
allegados del Partido de la Liberación Dominicana.
Al hacer lo mismo en la Contraloría General de la
República y en la Cámara de Cuentas, se garantizó la suprema jugada de la
impunidad y la corrupción en la República Dominicana.
Estas maniobras han permitido al PLD y a sus
gobiernos, blindar esos tribunales para que los favorezcan y no sancionen la
corrupción rampante que caracteriza su ejercicio del poder.
Otra demostración relevante de la corrupción en el
país es la conversión de la Junta Central Electoral en una caja de resonancia
de los dictados y necesidades de justificación de las trampas de toda índole,
usadas por el Partido de la Liberación Dominicana para mantenerse en el poder.
Del ministerio público
A ese blindaje de los Tribunales Superiores, hay que
agregar la inamovilidad de los miembros del Ministerio Público, quienes han
sido reducidos, hace tiempo, al rol de empleados del Poder Ejecutivo, con las
manos atadas.
Esa falta de independencia les impide actuar por sí,
ya que saben que con un simple decreto pueden ser enviados a sus casas.
Dado que el Procurador General de la República es
designado por decreto, se trata de otro funcionario público cuya lealtad está y
estará en función de los intereses del mandatario, por encima del interés
general de la sociedad.
La frecuencia con que se archivan expedientes de
acusación de actos de corrupción de altos funcionarios, evidencia el
tratamiento que se le da a los expedientes, irrespetando los procedimientos
judiciales y la Ley.
Jueces
Es grave que los Jueces del Poder Judicial sean
seleccionados con un estricto criterio partidista.
Asimismo, los jueces de los Tribunales Inferiores son
mantenidos en sus cargos bajo la mirilla política del gobierno que los
selecciona, los supervisa, los traslada, los degrada y los juzga, en un
ejercicio vertical que permite el control de esos funcionarios, para beneficio
de la corrupción.
Es la propia Ley 327-98 de Carrera Judicial la que
pone las decisiones judiciales en manos de los “superiores jerárquicos” a la
independencia de los magistrados del aparato judicial.
Construcciones ilegales
La construcción de obras es una de las principales
fuentes de corrupción en los gobiernos, pese a todas las leyes, reglamentos,
concursos, concesiones, siempre hay resquicios que permiten estar seguros de
que se cometen actos ilegales.
La campaña de construcción de escuelas que lleva a
cabo el gobierno comenzó a cojear cuando se denunció la sobrevaluación de
terrenos escogidos para levantar las edificaciones.
Muchos de estos trabajos se iniciaron en solares cuyos
tenedores no demostraron la legalidad de la ocupación de la propiedad, y cuando
ingenieros y constructores avanzaron grandes sumas de dinero que el gobierno no
les cubicó o no les ha pagado, aunque los trabajos fueron realizados, todo lo
cual se presta al tráfico de influencias.
La tanda extendida
El horario escolar extendido es un barril sin fondo
que consume miles de millones de pesos para proporcionar comida y refrigerios a
los estudiantes de la escuela primaria, sin que se conozcan los necesarios
concursos para seleccionar los proveedores con mayor experiencia, mayor
higiene, mayores conocimientos de nutrición. Esos alimentos son muchas veces
procesados sin que haya las condiciones adecuadas.
Como estoy de acuerdo con el programa de tanda
extendida, hago estas críticas con la intención de que las deficiencias sean
superadas y que el mismo se amplíe para que comprenda todas las escuelas y
todos los estudiantes, luego de que se hagan los arreglos pertinentes.
La prensa y la corrupción
Para que la prensa cumpla con su papel de informar,
divulgar, opinar, entretener, requiere de independencia.
La prensa dominicana dista mucho de cumplir, con
responsabilidad, de informar nada más que la verdad, toda la verdad. Una maraña
de intereses distrae las noticias de modo que digan y no digan, amaguen y no
den, que diciendo no dejen de decir.
El Gobierno como principal corruptor, emplea
periodistas profesionales como relacionadores de las instituciones públicas,
para mantenerlos bajo control.
Sin embargo, las redes sociales vienen a llenar el
vacío que crea la prensa convencional, ya que son, por naturaleza, ágiles, más
rápidas, más instantáneas, sin que sean menos seguras que los diarios
tradicionales.
En resumen, las redes sociales son hoy un componente
fundamental de la voz ciudadana contra la corrupción.
El contrabando
Otra fuente de corrupción es el contrabando, que
ingresa por los puertos y aeropuertos del país, muchas veces con la complicidad
de autoridades, en una práctica que se multiplica con el tiempo y los cada vez
más sofisticados modos de actuar de los delincuentes.
El contrabando, la subvaluación, la complicidad de
autoridades de aduana y altos funcionarios, forman otro de los fuertes
eslabones de la corrupción, que afecta al fisco, a la competitividad y la
transparencia.
Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE)
Uno de los casos más extremos de corrupción en el
gobierno dominicano involucra a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras
del Estado, una institución que cuenta con un presupuesto elevado.
Las irregularidades en la asignación de obras, así
como el soborno para su pago, se hicieron evidentes cuando, en las mismas
oficinas de esa entidad, se suicidó el arquitecto David Rodríguez García,
acosado por la desesperación.
Había construido una escuela básica ubicada en la
Provincia Monte Plata, la cual fue inaugurada por el Presidente de la
República, pero la obra no fue saldada sino casi un año después de esa fecha,
justamente el día del suicidio del mencionado profesional. En una nota
manuscrita, el arquitecto Rodríguez García reveló las extorsiones que le
hicieron varios funcionarios la OISOE.
Este proceso todavía se ventila en los tribunales.
Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
En el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA), un alto ejecutivo ha sido acusado de desfalco y prevaricación. La
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA), lo acusó por prevaricación, falsedad, desfalco, delito de mezclarse
con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, estafa contra
el Estado dominicano y abuso de confianza. El expediente refleja que en
esa institución se firmaron contratos con 38 empresas, por un monto de 904
millones de pesos. Una sola compañía fue beneficiada con nueve contratos, de
los cuales ocho fueron suscritos en un solo día.
Funglode
Un ejemplo del peso de la corrupción política en el
país es la Fundación Global y Desarrollo (FUNGLODE), cuyo jefe es el Presidente
Leonel Fernández.
Esa fundación, arrastra una larga cadena de
violaciones a la Constitución y las Leyes, incluyendo uso de fondos públicos,
conflicto de intereses, prevaricación, y recaudación ilícita de fondos.
A pesar de que prominentes abogados presentaron una
querella formal, con pruebas sólidas de la corrupción vinculada a FUNGLODE, la
justicia decidió cerrar definitivamente el caso.
La parcialidad de la justicia dominicana se pone en
evidencia con este escandaloso caso.
Debemos preguntar: ¿Cuántos millones se han gastado en
Funglode?
Los Súper Tucanos
La gravedad del tema que nos ocupa tiene vínculos
internacionales inocultables.
Esa realidad se hace evidente con la compra de
varios aviones de la marca Súper Tucanos comprados por el Gobierno
Dominicano a la empresa brasileña EMBRAER durante la gestión del Presidente
Leonel Fernández.
Como ha admitido recientemente la EMBRAER, esa compra
estuvo manchada por la corrupción. En efecto, en esa transacción se sobrevaloró
el precio de los aviones, y se pagaron comisiones por más de tres millones de
dólares a funcionarios dominicanos.
Se ha denunciado que, en este caso, se cometieron
otras irregularidades, especialmente en el monto de los seguros. En conjunto,
se habla de más de diez millones de dólares pagados de forma no transparente el
perjuicio de la República Dominicana.
Este delicado hecho de corrupción, que se ha
convertido en uno de los más importantes a nivel internacional, muy
especialmente en los EEUU y en Brasil, se trató de minimizar en la República
Dominicana a pesar de haber sido nosotros el país más afectado.
Sin la investigación del caso en los EEUU y Brasil,
nada habría pasado en nuestro país.
El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están
obligados a aclarar este caso.
Mientras tanto, nosotros estaremos vigilantes hasta
que sean condenados los responsables.
Otros casos relevantes
Un caso relevante lo constituye el de un poderoso ex
Ministro, acusado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y por la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, de
la comisión de delitos de Lavado de Activos Provenientes de Actividades
Ilícitas, Declaración Jurada de Bienes y que también fue vinculado a contratos
irregulares.
En este caso, para sorpresa del Ministerio Público, la
Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el archivo de los
dieciocho meses de indagatorias sobre ese expediente.
Otro caso muy sonado lo constituye la decisión de la
Suprema Corte de Justicia de declarar un auto de “no ha lugar” a favor de un
reconocido dirigente político y ex funcionario del gobierno del Partido de la Liberación
Dominicana, acusado de la comisión de actos de corrupción, cuyo súbito
enriquecimiento ha constituido una piedra de escándalo, sin precedentes en el
escenario nacional.
Sector salud
Uno de los escándalos más oscuros lo constituye las
irregularidades en la construcción de nuevas infraestructuras para el
sector salud.
En unos la inversión final ha duplicado los montos
originalmente presupuestados, mientras que las instalaciones existentes acusan
un progresivo deterioro de sus estructuras.
Subvaluación y subsidios
Un área de preocupación es el impacto que, sobre el
desempeño de la economía, tienen las subvaluaciones, los subsidios
innecesarios, la evasión fiscal y los privilegios injustos.
Un ejemplo relevante de este hecho es el de los bonos
para la adquisición de combustibles, que involucra sumas millonarias sin la
debida transparencia.
En la comisión de estos males, tanto delinquen los
funcionarios corruptos, que alteran documentos a cambio de dinero y
privilegios, como los contribuyentes que se aprovechan de ellos para pagar
menos impuestos y timar al fisco.
Importaciones y permisos
La falta de transparencia en las importaciones es una
penosa muestra de la falta de transparencia en nuestro país.
Con frecuencia, se hacen importaciones de bienes
agropecuarios que perjudican a los productores nacionales. Llama la atención
que se importen bienes agropecuarios justo en el momento en que los productores
agropecuarios inician sus cosechas.
Paradójicamente, esas importaciones son de productos
que el gobierno dice apoyar de manera prioritaria, tales como café, cebolla,
arroz, ajo, leche, carnes, habichuelas y algunos vegetales.
La importación de café, pone en evidencia la
desprotección a nuestra agricultura de montaña y a los productores agrícolas.
En efecto, nuestro país ha pasado de ser un
exportador a ser un importador neto de este grano. De una producción promedio
de 900,000 quintales al año, en los últimos dos años, sin embargo, la
producción se redujo a menos de 300,000 quintales.
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