sábado, 18 de agosto de 2018

“PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS MIPYMES, UNA MIRADA DESDE SANTIAGO”

Amigos todos:
 
Deseo comenzar dando las gracias a la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios de la ciudad y el municipio de Santiago, en la persona de su presidente Ingeniero Elvin Vargas, por su invitación a participar en este evento sobre el fomento y desarrollo de las MIPYMES.

Siempre es grato para mí venir a Santiago, no solo porque aquí tengo mis raíces, sino también porque tengo un compromiso muy particular con el desarrollo integral de esta laboriosa provincia.

 Hablar del desarrollo de Santiago nos obliga a situar la provincia en su contexto regional.

En efecto, esta provincia es el centro estratégico del desarrollo económico, social y político de toda la región norte del país, incluyendo el gran Cibao, la línea noroeste y la costa atlántica.

Por eso, hablaré sobre la creación de espacios para el fomento y el desarrollo de las MIPYMES situando a la provincia de Santiago en un contexto regional y nacional.

Mi exposición consta de tres partes.

En la primera, haré referencia a numerosos temas propios del mundo de la MIPYMES, particularmente su vinculación con las políticas públicas formuladas por el gobierno y el sector privado.

En segundo lugar, me referiré al papel que, en mi opinión, pueden jugar las MIPYMES en el desarrollo integral de esta provincia.

Por último, presentaré un conjunto de propuestas y sugerencias para el fortalecimiento de las MIPYMES a nivel local, regional y nacional.

Para empezar, los datos más recientes reportan que en el país hay cerca de un millón trescientas cincuenta mil MIPYMES. De ese total, se estima que el 90% es informal.

Una particularidad de este tipo de empresas es su diversidad.

Es decir, que en ese mundo existen las microempresas, con un máximo de diez trabajadores y operaciones anuales de hasta ocho millones de pesos dominicanos.
 
Al mismo tiempo, están las pequeñas empresas, que tienen entre once a cincuenta trabajadores y operaciones anuales de hasta 54 millones de pesos dominicanos.

Por último, están las medianas empresas en las cuales laboran de 51 a 150 empleados y cuyas operaciones anuales llegan hasta los 202 millones de pesos.

Las cifras más recientes reportan que las MIPYMES generan alrededor del 39% del Producto Bruto Interno y emplean cerca de dos millones doscientas mil personas.

Esas son cifras impresionantes, que muestran que el desarrollo económico y social del país es el resultado de la articulación de las grandes empresas con miles de empleados y las MIPYMES.

Es importante destacar que aproximadamente el 80% de las MIPYMES opera en las zonas urbanas, y que la mayoría se dedica al comercio y, en menor grado, a los servicios.

Igualmente, llama la atención que cerca de 60% de las MIPYMES compra la materia prima a los mayoristas y apenas el 10% directamente a los productores.

Más aún, al menos el 15% de estas empresas no contratan mano de obra, es decir, que son gestionadas y operadas por individuos o familias.

Una característica importante de estas empresas es que un alto número de las mismas está encabezado por mujeres, quienes en su mayoría son jefas de hogares.

Un elemento común a esas empresas es que la mayoría, además de ser proyectos económicos, son la expresión de proyectos personales, familiares o comunitarios.

Es decir, este tipo de empresas, usualmente forman parte de la decisión de una persona o un grupo de personas para superar la exclusión social.

Por lo anterior, considero atinado decir que las MIPYMES son espacios de creación de oportunidades. Y en esos espacios hay fortalezas y debilidades.

¿Cuáles son esas fortalezas?
 
En primer lugar, muchas MIPYMES pueden ser iniciadas con un capital modesto y un personal reducido.

En segundo lugar, muchas MIPYMES tienen una flexibilidad inherente en términos del espacio físico donde desarrollan sus actividades.

En tercer lugar, se pueden ver los resultados a corto plazo de la inversión realizada, siempre que el mercado demande el servicio o las mercancías propias de cada empresa.

¿Cuáles son las debilidades?

En primer lugar, la evidencia muestra que las deficiencias gerenciales pueden hacer fracasar rápidamente cualquier MIPYME.

Es decir, no es lo mismo tener una buena idea que gestionar de manera rentable una de estas empresas. Por eso no es sorpresa que un poco más del 70% de las MIPYMES fracasa.

En segundo lugar, el desconocimiento de cómo funciona el mercado usualmente lleva a pérdidas importantes, que se sustraen el capital invertido.

En tercer lugar, el proceso de formalización no siempre es una garantía de éxito, ya que el mismo puede implicar incremento en los costos de operaciones que reducen la rentabilidad.

Es, justamente, porque esas fortalezas y debilidades existen que debemos ver cómo las políticas públicas pueden beneficiar o perjudicar a las MIPYMES.

El primer elemento de esas políticas públicas es el marco institucional que regula sus operaciones.

Tal como señalan los estudios más recientes sobre este tema, el éxito de las MIPYMES guarda una estrecha relación con variables tales como:
  1.     El marco institucional que regula las MIPYMES
  2.     La rentabilidad de la empresa
  3.     La destreza y el conocimiento de gestión empresarial por parte de los propietarios de la empresa
  4.     El volumen de venta de la empresa
  5.     El número de trabajadores
  6.     El mercado y sus consumidores
  7.     El capital propio invertido por quienes crean la empresa
  8.     El acceso a préstamos (luego de iniciar las operaciones)
  9.     La capacitación de la mano de obra
  10.     El entorno macroeconómico nacional
  11.     El contexto internacional
Como señalé en una conferencia anterior sobre este tema, de esas variables hay seis que merecen atención especial, a saber:
  1.     Las destrezas gerenciales de los propietarios de las MIPYMES
  2.     La capacitación del personal
  3.     El acceso a préstamos
  4.     El mercado
  5.     La capacidad de innovar
  6.     El marco institucional
Un ejemplo de la importancia del marco institucional es el debate que existe hoy sobre el impacto que podría tener sobre el crecimiento productivo del país la reciente medida del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES que elimina el anticipo del pago de impuestos por parte de las microempresas.

Como indica este Ministerio en su disposición, para las microempresas habrá una tasa única del pago de impuesto sobre la renta y el Itebis, en cuotas distribuidas en un año, sin tener que pagar anticipos ni enviar a la administración tributaria los formularios exigidos en el régimen ordinario.

Este debate aborda un tema muy relevante para el sector, ya que nos obliga a buscar soluciones a la forma más eficiente de articular la protección a las MIPYMES con su capacidad de crecimiento en términos cuantitativos y cualitativos.

Es decir, parece que no basta con la simple exoneración del pago del anticipo sino que necesitamos otras medidas para asegurar la sostenibilidad de todo el sector.

Más allá de ese debate, creo que la decisión de este Ministerio muestra que las entidades que representan al sector han sabido ganarse su espacio en el marco institucional del país.

En términos generales, podemos afirmar que este es un buen momento para que las MIPYMES se consoliden y crezcan.

El desafío que tiene el sector es organizarse para definir una agenda coherente que le permita, en el menor tiempo posible, funcionar con garantía de financiamiento, con capacidad para ser sostenible y con un satisfactorio nivel de rentabilidad.

La pregunta que debemos hacernos es:

¿Cómo pueden las MIPYMES contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad y el municipio de Santiago?

Para responder esa pregunta, demos una mirada a nuestra provincia.

En primer lugar, Santiago es el centro estratégico de la vida económica, social y política del Cibao y las regiones periféricas.

Estudios recientes muestran que el 63.7% de su población tiene menos de 34 años. Ese hecho representa una gran oportunidad, siempre y cuando se logre insertar esta juventud al trabajo productivo, incluyendo las MIPYMES.

Por otro lado, el índice de desarrollo humano de Santiago y los niveles de pobreza están entre los mejores del país.

Ese elevado índice de desarrollo humano se debe, obviamente, al probado espíritu emprendedor de los santiagueros y las santiagueras.

Ese espíritu emprendedor ha hecho crecer nuestra provincia en términos económicos y sociales a lo largo de la historia.

Un dato significativo es que Santiago dispone de varios de los principales centros de educación superior del país, entre los que destacan la Universidad Católica Madre y Maestra; la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA); la Universidad Autónoma de Santo Domingo; y, la Universidad ISA, entre otros.
 
Según el censo del año 2010, la población de Santiago en esa fecha era de 963,422 habitantes, con igual proporción de hombres y mujeres. De ese total, el 76% vive en la zona urbana y el 24% en la zona rural.

Este dato es relevante porque es justamente la población urbana que demanda muchos de los bienes y servicios que ofrecen y pueden ofrecer las MIPYMES.

Baste mencionar, como ejemplos ilustrativos, la oferta de comida rápida, transporte, centros de diversión, el comercio de minoristas y salones de belleza, entre otros.

Fruto del vigor de sus actividades económicas, en el año 2013 la provincia de Santiago ocupó el lugar número tres, a nivel nacional, en empleos generados.

En efecto, aquí se generó el once por ciento del total nacional de nuevos empleos.

Obviamente, sabemos que muchos de esos empleos son de carácter informal. Más aún, muchos de esos empleos son generados por las MIPYMES.

Un dato importante es que, para el año 2013, la tasa de desempleo en Santiago era de 5.4%, lo cual es significativamente inferior al promedio nacional de 7.0%.

Esa realidad está confirmada por los datos que muestran que en el año 2013, en Santiago, los trabajadores por cuenta propia representaban el 34.2% de la población ocupada, mientras que los empleados a sueldo o salario representaban el 46.1%.

En términos de clústeres estratégicos de esta provincia, sobresale el peso del sector agropecuario, en gran medida por la producción de tabaco.

La agricultura provincial está directamente vinculada al elevado número de agroindustrias que existen a nivel local.

Además, la provincia tiene una diversa gama de productores agrícolas medianos y pequeños, muchos de los cuales exportan sus productos.

En el clúster logístico, el Aeropuerto Internacional del Cibao es una ventaja competitiva para esta provincia.

Un ejemplo de esto es que, a través del mismo, podemos exportar bienes producidos localmente hacia los mercados internacionales, especialmente a los Estados Unidos.

Las Zonas Francas y el procesamiento y conservación de carnes son actividades económicas de singular importancia para la provincia. También son relevantes el sector textil y el del calzado.

Por otro lado, en términos de servicios de salud, Santiago tiene una amplia y variada oferta, ya que cuenta con centros médicos privados y hospitales públicos de alta calidad.


En materia de procesamiento de productos minerales, metálicos y no metálicos, aquí se fabrica cemento, cal, yeso, piedra caliza y otras materias primas, tales como el ámbar que involucra a varias MIPYMES.

Finalmente, en materia de tecnologías de la información, las zonas francas de esta provincia han potenciado su uso y desarrollo. Estratégicamente eso es vital para nuestro desarrollo integral.

Señoras y señores:

Me identifico plenamente con lo planteado por la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios de Santiago, en el sentido de que el desarrollo sostenible de esta provincia y de esta ciudad está íntimamente vinculado con el fortalecimiento de las MIPYMES.

Por eso, me permito presentar las siguientes propuestas:

En primer lugar, propongo crear mecanismos ágiles para que las MIPYMES puedan operar adecuadamente en las zonas urbanas de mayor concentración poblacional.

Esto dinamizaría la vida nocturna de Santiago, especialmente en el casco histórico.

Obviamente, para hacer esto realidad, es necesaria la cooperación entre el gobierno municipal y el sector MIPYME.

Esta propuesta se basa en la experiencia de las grandes ciudades del mundo, donde la oferta de alimentos, bebidas y recreación sana contribuyen a la dinamización de la economía local y a la ampliación de la oferta para el turismo.

En segundo lugar, propongo fortalecer con capacitación y financiamiento adecuado y oportuno a las MIPYMES con potencial para la exportación.

El mercado de la diáspora dominicana, especialmente la de Estados Unidos, debe ser un objetivo prioritario para Santiago, por el hecho de tener un aeropuerto internacional, ubicado, literalmente, en el centro de la ciudad.

En tercer lugar, propongo crear programas especiales que vinculen a las MIPYMES con la producción y el comercio de artesanías. Aquí hay una larga tradición de artesanía, que puede ser aprovechada para la exportación y para la demanda local.

En cuarto lugar, propongo dar prioridad a la capacitación administrativa y gerencial de los dueños de las MIPYMES.  Así, podríamos reducir la mortalidad de estas empresas y aumentar su rentabilidad.

En quinto lugar, propongo que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, procure que la ventanilla especializada para el sector sea ágil y que, de verdad, ofrezca todos los servicios que requiere el sector.

Esto es especialmente crucial en lo relacionado con financiamiento, capacitación, trámites legales, promoción de mercados y construcción de infraestructura, entre otros.

En sexto lugar, propongo fortalecer el área de la tecnología de información y comunicación (TIC) a fin de que las micro, pequeñas y medianas empresas hagan uso de esos recursos de forma regular y puedan aprovechar las ventajas que esas tecnologías ofrecen.
 
En séptimo lugar, propongo dar prioridad al financiamiento de aquellas MIPYMES que más contribuyan a la generación de empleos.

En octavo lugar, propongo la creación de una alianza entre los productores agropecuarios de la provincia con los propietarios de las MIPYMES a nivel urbano.

Un resultado concreto de esa alianza sería que muchos de esos productos agropecuarios sean empacados, procesados y comercializados por MIPYMES urbanas, generan así empleos y beneficios tanto en el campo como en la ciudad.

En noveno lugar, propongo la formación de una alianza estratégica entre las MIPYMES y las cooperativas de la provincia a los fines de apoyarse mutuamente.

Un ejemplo de ese potencial es el de la cooperativa San José de las Matas, que es una de las más antiguas y sólidas del país. La misma tiene capital para financiar microempresas de ese municipio para producir bienes a ser comercializados por MIPYMES ubicadas en el casco urbano de Santiago.

Por último, permítanme reafirmar mi compromiso con el sector de las MIPYMES.

Sé muy bien que, para aumentar la rentabilidad y la sostenibilidad de este sector, se requiere el apoyo directo del Estado.

Ese apoyo debe servir para que ustedes, mis queridos amigos, no encuentren los obstáculos que hoy tienen para hacer exitosas sus empresas y para que puedan convertirlas en verdaderas fuentes de generación de riquezas.

Justamente, para apoyar los sueños y proyectos de hombre y mujeres como los que trabajan con las MIPYMES es que aspiro a ser Presidente de la República en el año 2020.

Tengan ustedes la certeza de que, en el gobierno que espero presidir, la marca MIPYME será visible desde el primer día de mi gestión.

Muchas gracias.


Santiago, R.D.

17 de agosto, 2018

domingo, 6 de mayo de 2018

MENSAJE DEL PRESIDENTE HIPÓLITO MEJÍA A LOS PERREMEISTAS Y A TODO EL PUEBLO SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE PARTIDOS

MENSAJE DEL PRESIDENTE HIPÓLITO MEJÍA A LOS PERREMEISTAS Y A TODO EL PUEBLO SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE PARTIDOS

Hace catorce años que decidí promover la aprobación de normas democráticas que ayuden a superar las traumáticas dificultades por las que atraviesan los partidos en cada una de sus elecciones internas, las cuales dejan como secuela la desunión y, muchas veces, el luto en las familias de los dirigentes y militantes de nuestras organizaciones.

Estoy convencido de que:

a)    ante lo difícil que resulta construir un padrón de afiliados diáfano e incuestionable, lo más conveniente es utilizar el de la JCE, el cual reúne estas dos condiciones;

b)    que ante el hecho de que los miembros de los partidos que organizan sus eventos internos son siempre acusados de parcialidad, lo más conveniente es que estos sean organizados por la Junta Central Electoral, que es un tercero imparcial; y

c)    que para evitar el argumento de la influencia externa en la escogencia de los candidatos, todos los partidos elijan sus candidatos simultáneamente.   

Motivado por estas razones promoví y promulgué, el 15 de agosto de 2004, la Ley 286-04, que estableció el sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto. Esta fue la primera iniciativa legislativa que contempló la celebración de primarias simultaneas, con el padrón nacional y organizadas por la Junta Central Electoral.

Más adelante, apoyé plenamente la propuesta de Ley de Partidos Políticos que elaboró una comisión especial encabezada por la Dra. Milagros Ortiz Bosch e integrada por los compañeros Tirso Mejía Ricart, César Sánchez, Héctor Guzmán, Salvador Ramos, Robert Arias, Nelson Estévez y Obispo de los Santos, la cual fue depositada el día 4 de abril de 2013 en el Congreso Nacional, con la anuencia de nuestra alta dirección, después de haber sido sometida a la consulta de las bases del partido.

Como una muestra más de mi apoyo a la propuesta, en fecha 8 de abril de 2013 encabecé, junto a la Dra. Milagros Ortiz Bosch, una comisión de alto nivel de nuestra organización, integrada por Andrés Bautista, Sonia Guzmán, Geanilda Vásquez, y como compromiso familiar e histórico, mis hijos Ramón Hipólito y Carolina, entre otros, para hacerle entrega de la misma al presidente de la República, Lic. Danilo Medina, en su despacho del Palacio Nacional, dentro del marco de un proceso de consulta con los líderes, partidos y organizaciones de la sociedad civil. El presidente Danilo Medina mostró su simpatía con este proyecto.

Es pertinente recordar que de todas las propuestas, el referido anteproyecto era el único que contemplaba, hasta ese momento, la celebración de primarias abiertas, simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral.

Con la única excepción del apoyo a las primarias cerradas en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, todas las decisiones importantes adoptadas por la Dirección Ejecutiva de nuestro partido habían sido consensuadas.

Sorpresivamente, en una reunión de la Dirección, convocada sin agenda previa, se tomó la decisión de cambiar la propuesta de las primarias abiertas por la de primarias cerradas, con el propósito de crear la percepción de que se trataba de la decisión definitiva del partido.

Por la importancia que tenía esa decisión para todos los miembros del partido, lo procedente era que se consultara a los dirigentes, de conformidad con el artículo 20 de nuestros Estatutos, el cual dice lo siguiente: “La consulta a los Dirigentes es un mecanismo de consulta democrática, utilizado por la Dirección Ejecutiva, para recoger y establecer la posición de la mayoría de los dirigentes del PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM) sobre temas de interés partidario con respecto a los cuales se deban tomar decisiones”.

El irrespeto a la democracia interna, la que buscamos sea garantizada en la Ley de Partidos, fue tal, que la precipitada decisión de la Dirección Ejecutiva no fue presentada, para su ratificación o rechazo, a la Comisión Política del Comité Nacional, que es el máximo organismo ejecutivo del partido.

En ese sentido, el literal “a” del artículo 24 de los Estatutos, que es este organismo el que tiene la atribución de “discutir y aprobar la línea estratégica general y de coyuntura del partido”.

No obstante, se pretende cambiar nueva vez de posición, para apoyar que, en lugar de primarias cerradas, sean los partidos quienes decidan la forma de elegir sus candidatos y directivos, así como que la participación de la JCE en la organización de las elecciones internas partidarias sea potestad de cada una de las organizaciones.

De haberse aprobado de esa manera, en la sesión de la Cámara de Diputados del pasado jueves, los conflictos persistirían en las elecciones internas de nuestros partidos, ya que la modalidad de escogencia de los cargos de elección popular, ya sea con primarias abiertas, cerradas, o en asamblea,  sería impuesta, por quienes controlen en ese momento los organismos que tengan la atribución de decidirla, de acuerdo a su conveniencia coyuntural.

Afortunadamente, eso no ocurrió, gracias a la decisión y a la racionalidad que adoptaron varios legisladores, quienes reclamaron que el proyecto de ley fuera enviado a comisión, para ser mejorado y enriquecido, como se estila.

Como se ha podido comprobar, mi criterio en torno a la modalidad de primarias no está motivado por razones coyunturales, sino por el sano propósito de garantizar el funcionamiento democrático de nuestros partidos.

Ahora estoy mas convencido que nunca de que lo más importante es contar con una buena Ley de Partidos, que contribuya a que nuestras entidades políticas sean más democrática y más transparentes, para que tengan la confianza de la sociedad, lo mismo que una Ley Electoral que permita que la administración electoral organice elecciones equitativas y transparente, que alcancen los mayores niveles de integridad.

Por estas razones, quiero dejar sentado lo siguiente:

1.    Ratificar mi decisión de apoyar la modalidad de primarias abiertas, es decir con el Padrón Nacional de Electores, simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral.

2.    Apoyar que el Proyecto de Ley de Partidos, que cursa en la Cámara de Diputados, sea enviado a comisión para su corrección y mejoría.

3.    Que mientras el Proyecto de Ley de Partidos se encuentre siendo estudiado por la comisión designada al efecto, el Senado de la República conozca el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, para que también sea aprobado en la actual legislatura. 

HIPÓLITO MEJÍA
6 de abril de 2018

sábado, 28 de abril de 2018

Alocucion completa del Pdte. Hipólito Mejia en la III Cumbre Mundial de Regiones Sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria “Hambre Cero”



Señoras y señores:

Quiero comenzar agradeciendo la gentil invitación a participar en esta “Tercera Cumbre Mundial de Regiones Sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria”, que celebramos en esta hermosa ciudad.

Me entusiasma estar aquí, porque comparto la preocupación de ustedes sobre la necesidad de abordar la búsqueda de soluciones para lograr la seguridad alimentaria, potenciar la agricultura, reducir la pobreza, y, por supuesto, tener éxito en el imperativo de alcanzar el objetivo: “Hambre Cero”.

Particularmente, esta preocupación es esencial en mi vida. Soy campesino y estoy ligado, directamente, a la producción alimentaria, a la investigación agrícola, y al desarrollo rural sostenible.

El diálogo que llevamos a cabo en esta Cumbre resulta fundamental para nuestra región. Esto así porque nos obliga, por un lado, a entender los desafíos que enfrentamos y, por el otro lado, a reflexionar sobre las oportunidades que tenemos para ser exitosos frente a esos desafíos, trabajando juntos.

Demos, para empezar, una mirada al contexto de nuestra región.

En términos poblacionales, América Latina y El Caribe acogen cerca del ocho por ciento de la población mundial. El 80 por ciento de nuestra gente vive en las ciudades.

Los datos disponibles señalan un incremento del hambre en nuestra región. En efecto, se estima que, para el año 2016, el total de la población hambrienta aumentó en más de dos millones, lo que significa que más de 40 millones de personas no logran satisfacer sus necesidades alimenticias.

Paradójicamente, la creciente obesidad se ha convertido en un factor de riesgo para la salud de segmentos importantes de la población regional.

En relación con nuestras actividades económicas, se ha proyectado que habrá un crecimiento promedio de 2 por ciento en este año en la región. Para el próximo año, se estima que ese crecimiento será de 2.8 por ciento.

Debemos destacar que, en ese pujante crecimiento regional, la agricultura ha jugado un papel relevante. Por ello, organismos calificados afirman que más de la mitad de las exportaciones de nuestra región son agroalimentarias.

Hoy, la agricultura representa una parte importante del Producto Bruto Interno de la región. Igualmente, una parte significativa de nuestra población económicamente activa está directamente vinculada a la agropecuaria.

Obviamente, dentro de la economía regional existen importantes asimetrías. En efecto, tenemos desde países que son grandes productores de bienes agropecuarios, hasta países isleños donde la agricultura no es una actividad económica fundamental.

A pesar de esas diferencias, la región en su conjunto enfrenta el desafío común de incrementar no solo su capacidad de producción de bienes agropecuarios, sino también el consumo de alimentos por parte de su población.

El hambre y la malnutrición que sufre mucha de nuestra gente, están directamente vinculadas al insuficiente acceso a bienes alimenticios que tienen los menos privilegiados.

Entre las causas estructurales de ese mal social debemos destacar el desempleo, la precariedad del ingreso, las distorsiones en el mercado y la ausencia de políticas públicas que prioricen el bienestar de los pobladores rurales y urbanos más pobres, entre otras causas.

Por tanto, resulta necesario dar una mirada crítica a lo que ocurre en nuestro mundo rural para, a partir de esa reflexión, responder a una pregunta inaplazable, a saber:

¿Cómo podemos alcanzar la seguridad alimentaria de nuestra región?

Nuestra seguridad alimentaria está directamente vinculada a la capacidad de producir más bienes alimenticios, mejorar el poder adquisitivo y elevar el ingreso mediante la generación de empleos de calidad.

La reducción de la pobreza y la eliminación del hambre son inseparables de todo lo anterior. En efecto, como muestran estudios recientes, cerca del 47 por ciento de la población rural de América Latina y El Caribe es pobre y 29 por ciento vive en la indigencia.

Consecuentemente, lo primero que debemos hacer es situar el mundo rural en un lugar prioritario de nuestra agenda de desarrollo sostenible.

Es obvio que, sin desarrollar el mundo rural, será imposible eliminar el hambre y la malnutrición, que es un objetivo crucial del Desarrollo Sostenible proyectado por las Naciones Unidas para el año 2030. Lo mismo es válido para alcanzar otros objetivos, especialmente la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Así como hay asimetrías en nuestras economías, existen también contrastes  en los niveles de desarrollo de nuestro mundo rural.

Muchos  de nuestros países tienen una agricultura dual. Por un lado, están los productores que usan tecnología de punta y tienen una alta rentabilidad. Muchos de esos agricultores trabajan en grandes unidades productivas. La mayor parte de nuestras exportaciones agrícolas es posible por la eficiencia de este sector.

Por el otro lado, están los productores más tradicionales, que descansan, más que en el uso de tecnología moderna, en la mano de obra familiar. Un elevado número de ellos trabaja unidades agrícolas medianas o pequeñas. Parte de su producción se usa para el auto consumo.

Obviamente, esa dualidad no excluye la existencia de numerosas combinaciones en los sistemas agrícolas de cada país, donde se articulan las prácticas tradicionales y la tecnología de producción más moderna.

Cabe destacar, sin embargo, que los productores agrícolas son mucho más que agentes económicos vinculados al Estado. Ellos son, también, ciudadanos con derechos sociales, culturales, de género, étnicos, y políticos, entre otros.
En muchos de nuestros países, la ruralidad es inseparable de los derechos y proyectos de los pobladores indígenas. También debemos destacar el significativo rol de la mujer rural en la agricultura de nuestros países.

Ese contexto plural y diverso demanda, en segundo lugar, entender que la agricultura comienza con la relación entre los productores y la tierra. Ese vínculo está mediado por la cultura y la tecnología.

Igualmente, debemos entender que el sector agrícola está estructuralmente relacionado con los demás sectores productivos.

Consecuentemente, nuestra seguridad alimentaria está directamente vinculada a la capacidad para formular políticas públicas que articulen los intereses específicos de los productores, el uso adecuado y la preservación del medio ambiente (especialmente el suelo y el agua), los paquetes tecnológicos más adecuados para lograr la mayor productividad posible, y el funcionamiento de los mercados nacionales, regionales, e internacionales.

Es realista esperar que, como resultado de esa articulación multidimensional, estemos en capacidad de producir más bienes alimenticios. De esa manera, estaremos mejor preparados para satisfacer la demanda interna, asegurar la  alimentación de nuestra población, incrementar las exportaciones, generar divisas, financiar la inversión social, y fortalecer la capacidad de importar los bienes alimenticios que no podemos producir de manera competitiva.

Desde esa perspectiva, la seguridad alimentaria que necesitamos no es sinónimo de autosuficiencia rígida. Más bien, es el resultado de un equilibrio flexible entre la producción, el consumo interno, las exportaciones, y las importaciones. El aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas y competitivas es un componente vital de esa visión integral de la seguridad alimentaria.

Obviamente, para hacer realidad ese ambicioso proyecto, la agricultura debe ser sostenible.

La pregunta lógica, por tanto, es:

¿Cómo hacer sostenible nuestra agricultura?

En términos prácticos,  es pertinente entender las especificidades de la agricultura como actividad económica, tanto en su versión empresarial como en su modalidad de subsistencia.

Para empezar, la agricultura es una actividad muy riesgosa.

Su éxito depende, en gran medida, de la capacidad de los productores para enfrentar riesgos naturales, inducidos o no, así como riesgos biológicos, climáticos, geológicos y sociales, entre otros.

Los riesgos económicos, especialmente la caída de los precios, son de tanta importancia como los riesgos naturales.

Ambas dimensiones de riesgos, obviamente, debemos situarlas en el contexto de la globalización de la cual somos parte.

En efecto, estudiosos del tema llaman la atención sobre la relativa vulnerabilidad de América Latina y El Caribe en el contexto mundial.

Se estima que la región ya está siendo impactada por cuatro choques externos que merecen nuestra atención. Esos choques externos son: el cambio climático, la revolución digital, la presión internacional contra la desigualdad y la contra la corrupción, y, por último, las tensiones de naturaleza política.

En nuestra opinión, esos choques externos tienen un impacto directo sobre la agricultura. Baste decir que, como resultado del cambio climático global, están ocurriendo alteraciones importantes en los patrones tradicionales de lluvias, sequías, huracanes, e incendios forestales, entre otros fenómenos naturales. Todo esto está deteriorando la calidad de los suelos y el agua, los cuales son recursos esenciales para la producción agrícola, pecuaria, piscícola y forestal.

Tanto en la modalidad empresarial como en la subsistencia, la agricultura puede y deber buscar la sostenibilidad y la rentabilidad, así como la eficiencia en la producción, en el manejo post cosecha, en la transformación agroindustrial, en la comercialización, y, finalmente, en el consumo.

El modelo de agricultura sostenible que, en mi opinión, debe adoptar América Latina y El Caribe, consiste en lo siguiente:

En primer lugar, necesitamos capacitar a nuestros profesionales y productores agrícolas. Tener recursos humanos calificados es vital para la sostenibilidad agrícola.

Igualmente, es indispensable dedicar recursos suficientes para la investigación.

Esa investigación nos permitirá disponer de paquetes tecnológicos que sirvan para incrementar la productividad. Lograr la inocuidad de los productos, a fin de proteger la salud humana, debe ser un objetivo de la investigación agrícola.

En segundo lugar, debemos crear las condiciones que aseguren la rentabilidad para los productores.

Eso significa prestar atención a los costos de producción, al comportamiento del mercado, a las expectativas de los consumidores nacionales y extranjeros, al financiamiento oportuno y, en tanto que sea posible, al seguro agrícola.

En tercer lugar, este modelo debe prestar especial atención al mejoramiento de la infraestructura vinculada a la agricultura.

Eso significa, de forma prioritaria, mejorar los sistemas de riego, cosecha, transporte y almacenamiento. Todo esto debe acompañarse del aprovechamiento de los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas con las TICS.

Por último, el modelo debe fortalecer la agroindustria.

Esto es así porque, la agroindustria tiene la capacidad de agregar valor a los bienes de origen agropecuario, ya sea mediante la transformación en nuevos productos, mediante la conservación en ambientes controlados, o mediante el empaque para mejorar la presentación.

La aplicación exitosa de este modelo de sostenibilidad agrícola serviría para potenciar el desarrollo rural. Eso tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza y en la eliminación del hambre en nuestra región.

Esta afirmación se fundamenta en los criterios siguientes:

Está suficientemente demostrado que existe una relación causal entre la oportunidad de obtener trabajo y/o empleo, y la posibilidad de salir de la pobreza.

También sabemos que la creación de oportunidades para los sectores más vulnerables, es decir, comunidades indígenas, jóvenes, mujeres, envejecientes y otros, abre espacios de inclusión social y reduce la vulnerabilidad.

La evidencia demuestra que la pobreza rural, expresada en la falta de oportunidad para tener ingreso mediante el trabajo propio o el empleo, es la causa de un fenómeno explosivo: la migración del campo a la ciudad.

¿De dónde vienen nuestros pobres urbanos?

Digámoslo sin ambigüedades: nuestros pobres urbanos han sido gestados por la pobreza rural.

Consecuentemente, como hemos dicho, la lucha contra la pobreza y el hambre incluye el mejoramiento sustantivo de la calidad de vida en las zonas rurales. Así, estaríamos atacando el mal en sus raíces.

Por todo lo anterior, me permito aprovechar esta oportunidad que se me brinda para hacer las siguientes propuestas:

Primero, propongo que retomemos el paradigma del Desarrollo Rural Integrado. Es decir, que no debemos limitarnos a mejorar la calidad de la agricultura, sin tomar en cuenta el mejoramiento sustancial de la calidad de vida de la población rural.

En ese sentido, es indispensable elaborar y ejecutar planes y proyectos en las áreas de vivienda, salud, educación, agua potable, electricidad y acceso a la información, en las comunidades rurales.

En segundo lugar, propongo aumentar la inversión, tanto del sector público como del sector privado, para apoyar la investigación, la capacitación, y la transferencia tecnológica en todo el sector agrícola.

Este esfuerzo tendría mayor impacto en la medida en seamos capaces de divulgar e intercambiar los resultados de cada país, para beneficio de toda la región.

En tercer lugar, propongo fortalecer el sector agroindustrial. Está demostrado que la agroindustria, además de crear valor agregado y generar empleo en la zona rural, diversifica y mejora la oferta de bienes alimenticios. Asimismo, muchos de esos productos procesados fortalecen nuestras exportaciones regionales e internacionales.

En cuarto lugar,  propongo dar un apoyo especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como las mypymes.

Lo mismo propongo para las cooperativas rurales.

Esa articulación de las mypymes con las cooperativas serviría para sembrar en los territorios rurales, en comunidades concretas, la idea del desarrollo rural integrado.

El consenso entre los gobiernos locales y el gobierno central es parte inherente de esa articulación.

El fortalecimiento del sentido de ciudadanía en los pobladores rurales sería un resultado tangible de esa iniciativa.

La quinta propuesta que hago consiste en apoyar el turismo rural. El ejemplo de muchos países, dentro y fuera de nuestra región, demuestra que las zonas rurales tienen atractivos naturales para los turistas nacionales y extranjeros.

La creación de empresas turísticas en manos de la población rural serviría para generar empleos, aumentar la producción agrícola y mejorar el ingreso.

En concreto, el turismo rural potencia la economía familiar en tanto que abre mercados para la producción agrícola local, la artesanía y la hotelería.  Al mismo tiempo, reconoce el valor de la cultura autóctona, lo que también fortalece el espirito de ciudadanía y el sentido de pertenencia.

En sexto lugar, propongo que nuestros organismos regionales de integración, en un tiempo razonablemente corto, se aboquen a desmontar los obstáculos que impiden el flujo de nuestras exportaciones, incluyendo la estandarización de aranceles y la reglamentación fitosanitaria.

Asimismo, esos organismos regionales deben elaborar políticas y mecanismos que regulen la entrada a cada país de aquellos inmigrantes que buscan trabajo en el sector agrícola.

Estas seis propuestas, para que funcionen de manera coherente, requieren de políticas públicas que consensuen las agendas del sector público, del sector privado, y de la sociedad civil organizada para cada uno de los temas que acabo de plantear.

El fortalecimiento de las instituciones, especialmente las del sector agropecuario, es una condición necesaria para lograr esa coherencia, tanto en cada país como en toda nuestra región.

Amigos todos:

Lo que acabo de compartir con ustedes descansa en mi convicción de que América Latina y El Caribe tienen una excelente oportunidad de aprovechar sus ventajas comparativas para potenciar su desarrollo integral.

Quiero insistir, para concluir, que ese desarrollo impostergable no debe limitarse al crecimiento económico. Hemos sido buenos creciendo, pero no podemos decir lo mismo en cuanto a nuestra capacidad para distribuir los frutos de ese crecimiento.

El resultado de esa deficiencia nuestra es la prevalencia de la pobreza, del hambre, y de la desnutrición.

No permitamos que eso siga ocurriendo.

Muchas gracias.

Hipólito Mejía

Cuenca, Ecuador.
Abril 28 de 2018